El día 20 de noviembre la Cámara de Comercio participó de la audiencia pública en la que se trató la solicitud de aumento tarifario en los servicios de energía eléctrica y agua, por parte de la SCPL. En representación de nuestra institución habló el Ing. César Herrada quien manifestó que la comisión directiva no pudo analizar técnicamente la solicitud propuesta, porque no se contó con la información y documentación necesaria y suficiente para hacerlo, ya que hace un tiempo se les solicitó a las autoridades de la Cooperativa la estructura de costos, y lamentablemente a la fecha no hemos tenido novedades.

No obstante, se planteó claramente que resulta inoportuno el momento para solicitar cualquier incremento en los servicios, teniendo en cuenta que próximamente asumirá un nuevo presidente, el que sin duda deberá tomar medidas urgentes e importantes para paliar la crisis, desconociéndose aún cuáles serán dichas medidas y su impacto en los diferentes sectores. Y en ese contexto, pretender aumentar las tarifas resulta totalmente improcedente.

La crisis está afectando a todos, pero está golpeando muy fuertemente a los más desprotegidos en general y en el caso del sector que representamos, los más afectados resultan los pequeños comerciantes y las Pymes. Todos debemos hacer un esfuerzo, y por eso resulta llamativo que la Cooperativa pretenda trasladar el 100% del impacto que le generaron sus aumentos en los costos.

El argumento para solicitar la readecuación de las tarifas se basó en demostrar con lujo de detalles que el impacto del aumento de sus costos significó “exactamente” el 62,337% en el sector de energía, y el 58,25% en el sector de saneamiento (agua y cloaca), y esos son los porcentajes que reclaman. En momentos de crisis ninguna empresa puede trasladar el 100% del impacto en sus costos, por eso a nuestro entender, si la necesidad de plantear un aumento fuese impostergable, al menos debieron haber solicitado un valor notablemente inferior que demuestre que la Cooperativa también está dispuesta a hacer un esfuerzo similar al resto, cuando además su clientela es cautiva y no tiene otras opciones.

En lo que respecta a la tarifa residencial, se comentó el caso de varios usuarios del servicio que han cambiado la luminaria por lámparas led y no han visto en la factura una reducción significativa, y ello es así por cuanto los costos fijos tienen una altísima incidencia. Es decir que, aunque no se consuma, se debe pagar igual, desalentándose así el ahorro (tan importante en los tiempos venideros). Se puso de ejemplo a la empresa Camuzzi que tiene una estructura tarifaria que guarda relación más directa con el consumo real, tal es así que en el verano cuando disminuye dicho consumo, la factura se reduce significativamente.

Compartimos el criterio de que se mida el agua, ya que será una manera de que los consumidores tomen conciencia de su valor y la cuiden, pero aquí también se cumple la observación anterior, ya que el costo fijo que se factura es de 30 m3 (1 m3/ día), lo que resulta un despropósito si se tiene en cuenta que una persona consume entre 200 y 250 litros diarios, por lo que 1 m3 equivale al consumo diario de entre 4 y 5 personas que, aunque no lo utilicen, lo deben pagar igual. Este es otro tema que deberían analizar y considerar.

Por último, se planteó una propuesta para mejorar la participación de los socios de la Cooperativa a través de un cambio simple en el estatuto. Todavía se sigue utilizando un cartón naranja que el socio debe retirar de la SCPL para poder participar activamente de las asambleas seccionales en las que se eligen a los delegados que representan a los socios de su sección o barrio. En las facturas actuales ya figura si el usuario registra deuda anterior, por lo que, con sólo presentarse en la asamblea de su sección con la última factura del servicio pagada, y el DNI, debería alcanzar. Para ello faltaría agregar un campo más en la factura que identifique la sección en la que se encuentra registrado el medidor, dato que ya tiene la Cooperativa. Y el cartón naranja debería seguir utilizándose únicamente en aquellos casos en que el titular perdió la última factura, o no la recibió aún, o se puso al día con posterioridad, pero antes de la asamblea.